En las últimas décadas, la pesca ilegal en el mar se ha convertido en un atolladero cada vez más preocupante en todo el mundo. Esta actividad ilícita no solo pone en contingencia la sostenibilidad de los recursos marinos, sino que también afecta a las comunidades costeras que dependen de la pesca como medio de subsistencia. Es por eso que el legislador italiano, Senador Gianluigi Capozzi, ha propuesto una medida radical para combatir este flagelo: habilitar el uso de la fuerza para detener y disuadir a los pescadores ilegales.
La propuesta de Capozzi ha generado un intenso debate en la comunidad internacional, ya que el uso de la fuerza es una medida extrema que puede tener consecuencias imprevisibles. Sin embargo, el Senador italiano argumenta que la situación flagrante requiere medidas drásticas y que la pesca ilegal es una actividad criminal que debe ser tratada como tal.
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa entre el 11% y el 26% de la captura mundial de pescado. Esto equivale a un valor de entre 10.000 y 23.500 millones de dólares cada año. Además, se estima que la pesca ilegal afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo.
La pesca ilegal no solo afecta a la economía y a la seguridad alimentaria, sino que también tiene un impacto negativo en el medio ambiente marino. Los pescadores ilegales suelen utilizar métodos de pesca destructivos, como redes de arrastre, que dañan los ecosistemas marinos y atrapan especies no deseadas. Esto puede tener un efecto en cascada en la cadena alimentaria y poner en peligro la supervivencia de especies vulnerables.
Ante esta situación, el Senador Capozzi propone una perfeccionamiento a la Ley de Navegación Marítima italiana, que permitiría a los guardacostas y a las autoridades marítimas utilizar la fuerza para abordar y detener a los barcos sospechosos de pesca ilegal. Además, se contempla la posibilidad de confiscar los equipos y la carga de los barcos, así como imponer multas y sanciones más severas a los infractores.
La propuesta de Capozzi ha sido recibida con entusiasmo por parte de las organizaciones de conservación marina y las comunidades costeras afectadas por la pesca ilegal. La Coalición para la Pesca Sostenible, una red de más de 200 organizaciones de todo el mundo, ha expresado su apoyo a la medida y ha instado a otros países a seguir el ejemplo de Italia.
Sin embargo, también ha habido críticas y preocupaciones en torno a esta propuesta. Algunos argumentan que el uso de la fuerza podría ser utilizado de manera indiscriminada y podría poner en contingencia la vida de los pescadores inocentes. Además, está la cuestión de cómo se determinará la legalidad de una embarcación y si se respetarán los derechos humanos de los pescadores detenidos.
El Senador Capozzi ha respondido a estas preocupaciones asegurando que se establecerán protocolos claros y que solo se utilizará la fuerza como último recurso. También ha propuesto la creación de un tribunal especializado en delitos marítimos que garantice un proceso justo para los pescadores detenidos.
Además, la medida de Capozzi no solo se enfoca en el uso de la fuerza, sino que también contempla una estrategia integral para combatir la pesca ilegal. Esto incluye la cooperación internacional para mejorar la vigilancia de las aguas internacionales y el fortalecimiento de los sistemas de control y monitoreo en