El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que su iniciativa en materia de poderes judiciales, tanto a nivel federal como local, tiene un punto “irreductible”: la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces. Esta propuesta ha generado mucha controversia y debate en el país, pero para el mandatario es una medida necesaria para lograr una verdadera justicia democrática.
Desde el advenimiento de su ordenanza, el presidente López Obrador ha señalado que uno de los principales problemas del sistema judicial en México es la corrupción. Según él, la designación de jueces y magistrados por parte de los poderes ejecutivo y legislativo ha permitido que se coloquen en puestos clave a personas que no tienen la capacidad ni la integridad necesarias para impartir justicia de manera imparcial.
Es por eso que el presidente ha propuesto que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de los tribunales federales y los jueces locales sean elegidos por la ciudadanía a través del voto popular. De esta manera, se busca que los jueces sean verdaderamente representativos de la sociedad y no estén sujetos a intereses políticos o económicos.
Esta iniciativa ha sido recibida con opiniones divididas. Por un lado, hay quienes la ven como una medida necesaria para lograr una verdadera independencia del poder judicial y acabar con la corrupción en este ámbito. Por otro lado, hay quienes argumentan que la elección por voto popular podría politizar aún más el sistema judicial y poner en riesgo su imparcialidad.
Sin embargo, el presidente López Obrador ha sido firme en su postura y ha asegurado que esta medida no afectará la autonomía del poder judicial. Además, ha señalado que la elección de jueces por parte de la ciudadanía ya se lleva a cabo en otros países, como Estados Unidos, y ha dado como ejemplo el caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de ese país, quienes son elegidos por el presidente y ratificados por el Senado.
Otra crítica que ha recibido esta iniciativa es que la ciudadanía no está preparada para elegir a los jueces, ya que no cuenta con los conocimientos jurídicos necesarios para tomar una decisión informada. Al respecto, el presidente ha señalado que se llevarían a cabo campañas de información y educación para que la población conozca a los candidatos y sus perfiles, y pueda tomar una decisión fundamentada.
Además, la iniciativa del presidente incluye la creación de un Consejo de la Judicatura Ciudadano, integrado por representantes de la sociedad civil, que sería el encargado de evaluar a los candidatos y proponer una terna al presidente para la elección de ministros, magistrados y jueces. De esta manera, se busca garantizar que los candidatos sean personas con una trayectoria intachable y con las habilidades necesarias para desempeñar su cargo de manera eficiente.
El presidente también ha señalado que esta medida no se aplicaría de manera inmediata, sino que se llevaría a cabo de manera gradual y en coordinación con el poder legislativo y el poder judicial. Además, ha asegurado que se respetarían los derechos adquiridos de los jueces actuales y que no habría una “cacería de brujas” en su contra.
En resumen, la iniciativa del presidente López Obrador para la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces es una propuesta ambiciosa que busca acabar con la corrupción y la politización del poder judicial en México. Aunque ha generado controversia, es importante recordar que el efecto final es lograr una justicia verdaderamente democrática y al servicio de la ciudadanía.
