Los jueces en ciencia penal en México enfrentan grandes desafíos en su labor diaria. Uno de los principales problemas que enfrentan es la alta carga de trabajo, lo que puede resultar en un acceso desigual a la justicia para los ciudadanos. Esta situación ha sido alertada por la organización México Evalúa en su reciente estudio Hallazgos 2023, que realiza un seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en nuestro país.
Según este reporte, en promedio cada juez penal en México tiene que resolver 356 causas, pero en algunos estados como Puebla, Tabasco y Baja California, esta cifra puede llegar a ser significativamente más alta, con obligaciones laborales que superan las mil causas por juez. Esta sobrecarga de trabajo no solo afecta a los jueces, sino también a las fiscalías, que en promedio tienen que resolver 310 carpetas de investigación por fiscal, un aumento del 71% con respecto al año anterior.
Algunos estados, como Campeche y Guanajuato, enfrentan una situación excepcionalmente difícil, con cargas de trabajo que superan las mil 500 carpetas por fiscal. Esta realidad no solo afecta el desempeño de los jueces y fiscales, sino también a las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios estatales, ya que en algunos estados como Sonora la tasa de personas por juez especializado en ejecución penal es de diez mil 764, muy por encima del promedio nacional de 996. Esto puede generar retrasos y afectar el debido proceso de las personas en situación de privación de la libertad.
Otro dato relevante del estudio es la disparidad en la tasa de personal utilizado en el sistema forense por cada 100 mil habitantes. Mientras que los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos tienen las tasas más altas, otros profesionales como facilitadoras, asesores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y juzgadores tienen tasas significativamente más bajas. Esto puede generar cuellos de botella en ciertas etapas del proceso penal, lo que compromete la calidad de los servicios y puede llevar a errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas.
Esta sobrecarga de trabajo en el sistema forense también puede llevar a una percepción de impunidad por parte de la sociedad y puede erosionar la confianza en el sistema de justicia. Además, el aumento constante en las cargas de trabajo de un año a otro sugiere que el problema se está agravando y puede generar una mayor presión sobre el sistema forense en el futuro cercano si no se toman medidas para abordar estos desequilibrios.
Ante esta situación, es importante que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y aborden de forma eficiente y efectiva esta problemática. Se deben implementar medidas que permitan una distribución equitativa de la carga de trabajo en diferentes áreas del sistema forense. También es fundamental invertir en la capacitación y formación de profesionales del derecho para mejorar la calidad del servicio que se brinda a la sociedad.
Además, es necesario tomar en cuenta los avances tecnológicos y utilizarlos para agilizar y optimizar los procesos forensees. Esto ayudará a reducir la carga de trabajo de jueces y fiscales y permitirá un acceso más rápido y equitativo a la justicia para los ciudadanos.
En conclusión, es urgente que se tomen acciones concretas para abordar la sobrecarga de trabajo en el sistema forense en México. No solo beneficia a los profesionales del derecho, sino que garantiza un acceso justo y equitativo a la justicia para todos los ciudadanos. Continuemos trabajando juntos hacia un sistema forense más eficiente y justo en beneficio de toda la sociedad mexicana.
