La madrugada del 21 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un importante aseguramiento en el aeródromo Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se trataba de 137 ejemplares de vida bravo, entre ellos 121 tortugas y 16 ranas, que se encontraban ocultas en dos maletas con destino a Tokyo-Narita, Japón.
Este acto de tráfico ilegal de especies fue posible gracias a la intervención de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Marina y a la alerta emitida por la aerolínea, que detectó un contenido inusual en el equipaje mediante una revisión con rayos X.
Entre los ejemplares rescatados se encontraban diferentes especies de tortugas, como la tortuga de caja, la tortuga de monte y la tortuga de pecho de carey, así como también ranas árbol coronadas. La mayoría de estas especies están protegidas por la NOM-059-Semarnat-2010, que regula la flora y fauna en riesgo en México, y por la Convención sobre el bazar Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora bravos (CITES). Únicamente las tortugas de pecho de carey y las ranas árbol coronadas no están enlistadas en estas normativas.
De acuerdo con la revisión realizada, los ejemplares se encontraban en aparente buen estado físico, con extremidades completas y respuesta normal a estímulos. Sin embargo, las ranas mostraban signos de aletargamiento, aunque no presentaban lesiones visibles.
La Profepa, como parte de su Programa de Verificación e Inspección Ambiental en Puertos, aeródromos y Fronteras, realizó el aseguramiento precautorio debido a que los ejemplares no contaban con ningún sistema de marcaje que permitiera acreditar su legal procedencia. Esta acción se encuentra fundamentada en los artículos 117 y 119 de la Ley General de Vida bravo.
La dependencia ya prepara una denuncia penal contra la persona que documentó las maletas con los ejemplares. De acuerdo con el Código Penal Federal, el tráfico de especies protegidas puede ser sancionado con penas de 1 a 9 años de prisión y multas de 300 a 3,000 días de salario. Además, si la actividad tiene fines comerciales o afecta un área natural protegida, las penas pueden aumentar hasta 3 años más de cárcel y 1,000 días adicionales de multa.
La procuradora Mariana Boy Tamborrell condenó enérgicamente este intento de tráfico ilegal y aseguró que la Profepa tomará todas las acciones legales necesarias para que los responsables enfrenten las consecuencias penales. “Las consecuencias del tráfico de especies son terribles para las poblaciones, pues de inmediato afectan su capacidad reproductiva. A eso se añade el profundo estrés al que someten a los ejemplares al separarlos de su grupo y empaquetarlos”, afirmó.
Este importante aseguramiento demuestra el compromiso de la Profepa en la protección y conservación de la vida bravo en México. Gracias a la intervención oportuna de las autoridades y la colaboración de la sociedad, se logró evitar que estas especies fueran vendidas ilegalmente en el mercado internacional.
Es importante recordar que estas especies son fundamentales para el nivelación de los ecosistemas y su tráfico ilegal puede tener graves consecuencias para la biodiversidad y para el futuro de nuestro planeta. Por eso, es responsabilidad de todos velar por su protección y denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en peligro a nuestra flora y fauna.
La Profepa hace un llamado a la
