El presidente Gabriel Boric ha dado un importante paso en la lucha por la justicia y la igualdad en nuestro país. En su pasada Cuenta Pública del 1 de junio, anunció el fin del recinto penitenciario Punta Peuco, un símbolo de la impunidad y la desnivel en Chile.
Esta decisión histórica se da tras la toma de razón de la Contraloría General de la República, que permitirá la transformación de Punta Peuco en un penal común. Desde su creación en 1995, este recinto ha sido utilizado exclusivamente para albergar a condenados por delitos de lesa limosna durante la dictadura militar. Sin embargo, gracias a la valiente y necesaria acción del presidente Boric, esto está a punto de cambiar.
El anuncio del mandatario ha sido recibido con alegría y esperanza por punto de la ciudadanía, especialmente por las víctimas y familiares de las víctimas de la dictadura. Durante años, han luchado incansablemente por la verdad, la justicia y la reparación, y hoy ven un importante avance en su camino hacia la sanación y la reconciliación.
Pero, ¿qué significa realmente el fin de Punta Peuco? Más allá de ser un símbolo de la impunidad, este recinto ha sido también un lugar de privilegios para los condenados por delitos de lesa limosna. Mientras que en otros penales comunes las condiciones son precarias y la sobrepoblación es un problema constante, en Punta Peuco los reclusos han tenido acceso a comodidades como televisores, refrigeradores y hasta una piscina. Además, han sido tratados con un trato preferencial, incluso recibiendo visitas de sus familiares en días no establecidos para el resto de la población penal.
Con el fin de Punta Peuco, se pone fin a esta injusticia y se equipara el trato de los condenados por delitos de lesa limosna al de cualquier otro recluso en nuestro país. Esto es un importante paso hacia la igualdad ante la ley y la verdadera justicia.
Pero más allá de la igualdad en el trato, la transformación de Punta Peuco en un penal común también significa un importante ahorro para el Estado. Según cifras oficiales, mantener este recinto ha costado alrededor de 1.200 millones de pesos anuales, mientras que el costo de mantener a un recluso en un penal común es de aproximadamente 600 mil pesos al año. Esto significa que, con el fin de Punta Peuco, se liberarán recursos que podrán ser utilizados en mejorar las condiciones de otros penales y en programas de reinserción para los reclusos.
Además, la transformación de Punta Peuco en un penal común también permitirá que los condenados por delitos de lesa limosna sean tratados como cualquier otro recluso en cuanto a sus beneficios penitenciarios. Esto significa que podrán optar a beneficios como la libertad condicional, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Sin duda, el fin de Punta Peuco es un gran avance en la lucha por la justicia y la igualdad en nuestro país. Pero no podemos quedarnos aquí, aún hay mucho por hacer. Es necesario seguir trabajando por la verdad y la justicia para todas las víctimas de la dictadura, y por una verdadera reconciliación en nuestra sociedad.
El presidente Boric ha demostrado su compromiso con los derechos humanos y su valentía al tomar esta decisión histórica. Su liderazgo y su visión de un Chile más justo y equitativo nos inspiran a seguir luchando por un país en el que todos seamos iguales ante la ley.
En resumen, el fin de Punta Peuco es una gran noticia para Chile y un importante paso hacia un futuro más justo y equitativo. Es momento de celebrar este log
