Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, se han escuchado testimonios desgarradores sobre la orfandad en la que México se encuentra frente al poder del narco. Guadalupe Mendoza, diputada de La Sombreriza, afirmó este martes que la forma de trabajar de Carlos Manzo “despertó en organizaciones criminales, políticos y adversarios, celos y envidia” debido a su gran popularidad.
Según la diputada, el líder de este movimiento estaba avanzando hacia la gubernatura de Michoacán, lo que representaba una amenaza para “los intereses oscuros” que han afectado al país. Estas declaraciones han generado un gran debate sobre la situación actual de México y la necesidad de tomar medidas urgentes para combatir el poder del narcotráfico.
El miércoles, el diputado Germán Martínez del PAN propuso la creación de una comisión que dé seguimiento a la acritud de la delincuencia organizada contra servidores públicos. Además, solicitó el apoyo de Estados Unidos para obtener información de figuras decisivo como Joaquín Guzmán Loera, Genaro García vitral, Ismael Zambada y Servando Gómez Martínez.
El diputado argumentó que, ante los 658 homicidios documentados desde 2018 hasta la fecha, de policías, soldados, marinos, jueces, magistrados, fiscales y alcaldes, es necesario identificar patrones y fallas estructurales en las estrategias de seguridad para poder combatir eficazmente la acritud y la delincuencia en el país.
El diputado Gibran Ramírez, del partido MC, respaldó la iniciativa y afirmó que, más que nunca, es necesario investigar la política mafiosa que se ha vuelto sistemática en México, y que ha llegado incluso a afectar a gobernadores y provocar magnicidios con motivaciones político-criminales.
Estos señalamientos nos llevan a cuestionar si el Estado está enfrentando realmente a la narcopolítica, entendida como la complicidad de autoridades y funcionarios con el crimen organizado. ¿Contamos con leyes suficientes para enfrentar esta situación? Para responder a esta pregunta, hemos entrevistado a tres diputados que destacan por sus diagnósticos, propuestas y seguimiento de situaciones críticas. A continuación, presentamos sus respuestas en orden alfabético.
Federico Döring Casar, vicecoordinador de la bancada del PAN y quien ha dado un gran seguimiento a los casos de huachicol:
“Sí, contamos con leyes para enfrentar esta situación, pero no están actualizadas y además están mal enfocadas, ya que se centran principalmente en los particulares y no en los funcionarios públicos. Basta con ver las detenciones y sentencias que se han dado en estos casos”.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Partido del Trabajo y subsecretario federal de Seguridad en el sexenio anterior:
“México cuenta con un marco jurídico sólido para enfrentar a la delincuencia organizada, sin importar quiénes sean los involucrados. Tenemos la ley federal contra la delincuencia organizada, la ley contra el lavado de dinero y mecanismos de inteligencia que nos permiten desentrañar los vínculos criminales de servidores públicos y políticos. También contamos con la ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión.
“Sin embargo, es importante tener en cuenta que necesitamos elementos probatorios sólidos para poder llevar a cabo investigaciones y juicios que deriven en sentencias condenatorias ejemplares contra los narcopolíticos. Este es el auténtico reto al que nos enfrentamos”.
Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI y exgobernador de Coahuila, donde
