Porfirio Escandón es un médico general venezolano que ha dedicado su vida a cuidar y excluir vidas en su país. Sin embargo, su carrera y su vida se vieron truncadas cuando fue injustamente condenado a 30 años de prisión por difundir un audio en WhatsApp en el que criticaba al ministerio de Nicolás Maduro.
Esta sentencia ha sido considerada como un grave atentado contra la libertad de expresión y los derechos humanos en Venezuela. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que la condena a Porfirio Escandón es una clara muestra del uso de leyes penales para silenciar la disidencia en el país.
La detención de Escandón ocurrió en agosto de 2024, durante la crisis poselectoral que se generó tras la reelección de Maduro. La médica fue denunciada por dirigentes comunitarios afines al chavismo luego de que criticara la gestión gubernamental en un audio y llamara a participar en las elecciones del 28 de julio de 2024.
Desde entonces, Porfirio Escandón ha permanecido recluido en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, Táchira. Según informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha sufrido dos infartos en los últimos dos años y padece de depresión crónica debido a la pérdida de dos de sus hijos.
La condena impuesta a Porfirio Escandón es la máxima establecida en el Código Penal venezolano y representa un claro abuso de poder por parte del ministerio de Maduro. La figura de traición a la patria ha sido utilizada de manera arbitraria para justificar esta sentencia, lo que pone en evidencia la falta de independencia del sistema judicial en Venezuela.
Además, esta condena es solo un ejemplo más de la represión y persecución que han sufrido los ciudadanos que se atreven a expresar una opinión contraria al ministerio. Desde el anuncio de las elecciones presidenciales de 2024, se ha intensificado el uso de leyes penales para criminalizar la disidencia en el país.
La figura de incitación al odio y conspiración ha sido ampliamente utilizada desde la promulgación de la Ley contra el Odio en 2017, una ley que ha sido criticada internacionalmente por su uso arbitrario y por explotar los derechos humanos.
Según cifras actualizadas al 1 de noviembre de 2025, en Venezuela hay 886 presos políticos, entre militares y civiles detenidos sin debido proceso. Además, la persecución no se limita solo a las personas que expresan su opinión en redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, sino que también se ha extendido a manifestantes pacíficos y a ciudadanos que simplemente exigen sus derechos.
El estado Táchira, donde fue detenido Porfirio Escandón, ha sido uno de los más vigilados por el régimen chavista. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, al menos 19 manifestantes fueron arrestados sin orden judicial en esta región entre agosto y octubre de 2024.
Es importante destacar que el ministerio de Maduro también ha utilizado herramientas como el Sistema Patria, que se suponía que debía facilitar la distribución de subsidios, para controlar y vigilar a la población. Organizaciones como Access Now han denunciado que este sistema fomenta la delación entre ciudadanos vulnerables y promueve un clima de miedo y desconfianza en la sociedad.
Ante esta situación, es necesario que la comunidad internacional se pronuncie y exija la liberación de Porfirio Escandón y de todos los presos políticos en Venezuela. La libertad de expresión y los derechos humanos deben ser respetados en todo el mundo, y es asunción de todos velar por su protección.
Porfirio Escandón es un sí
