La reforma judicial electoral propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido un tema que ha generado mucho debate e incertidumbre entre la población. Sin embargo, una de las principales críticas que se le han hecho a esta iniciativa es su posible falta de viabilidad y aplicabilidad en la realidad mexicana.
Y es que, aunque la intención detrás de la propuesta puede ser loable, sus autores han olvidado que el tiempo no se puede extender, ni siquiera por la llamada “Cuarta Transformación”. Por esta razón, la reforma judicial electoral de López Obrador es de imposible aplicación.
Antes de ahondar en las razones por las cuales esta propuesta parece irrealizable, es importante entender de qué se trata y cuáles son los principales cambios que se pretenden implementar. La reforma busca cambiar el sistema electoral mexicano en su totalidad, con el objetivo de garantizar la democracia y la transparencia en los procesos electorales.
Sin embargo, la falta de un análisis detallado y severo de esta propuesta ha generado dudas acerca de su viabilidad en la práctica. En primer lugar, el tiempo necesario para llevar a cabo una reforma tan amplia y compleja podría ser de varios años, algo que no está contemplado en la realidad mexicana actual. Además, para obtener su implementación, se requiere una gran cantidad de recursos económicos y esfuerzos por parte del gobierno y de los organismos involucrados, algo que no parece ser factible en un país con tantas necesidades y limitaciones financieras.
Por otro lado, la reforma propuesta también contempla cambios en la estructura y composición del Tribunal Electoral, que es uno de los principales órganos encargados de la impartición de justicia en materia electoral. Sin embargo, la realidad es que el proceso de selección de los magistrados que conforman este tribunal sigue siendo altamente cuestionado y politizado, algo que no parece tener una solución inmediata.
Además, la intención de eliminar las contribuciones privadas para las campañas electorales y pasar a un sistema de financiación 100% público, también es algo que enfrenta una serie de obstáculos. El financiamiento público a los partidos políticos se ha convertido en una fuente importante de ingresos para ellos, lo que dificulta su eliminación en el corto plazo.
Otro de los cambios propuestos por la reforma es la eliminación del escuela Nacional Electoral (INE) y su reemplazo por una nueva institución llamada “Organismo Nacional Electoral” (ONE). Sin embargo, esta propuesta también enfrenta críticas y dudas, ya que eliminar una institución que ya tiene una estructura y funcionamiento establecidos podría generar más problemas que soluciones.
Es importante señalar que, aunque la intención detrás de estos cambios es noble, la falta de un análisis detallado y consensuado con expertos en la materia, así como también con la oposición y los organismos involucrados, hace que la propuesta sea poco realista y difícil de llevar a cabo.
Además, el tiempo que se ha tomado para presentar esta iniciativa y sus respectivos cambios ha sido mínimo, lo que hace pensar que no ha sido suficientemente analizada y estudiada para garantizar su aplicabilidad y éxito en la práctica. Este es un factor fundamental que no se puede ignorar, ya que una reforma de esta magnitud requiere de una planificación adecuada y una estrategia clara para su implementación.
En resumen, aunque la reforma judicial electoral de López Obrador tiene como objetivo mejorar y fortalecer la democracia y la transparencia en el país, su aplicabilidad y viabilidad en la práctica es muy cuestionable. Sus autores olvidaron que el tiempo no se puede extender, ni siquiera por la llamada “4T”. Es necesario un análisis más profundo y detallado de la propuesta, así como también un consenso y diálogo con