Fecha de redacción: 14 de febrero de 2021 / Ricardo Antonio Vega
La llamada ‘Banda de la Riviera Maya’, que presuntamente se dedicaba a la clonación de tarjetas en varias zonas de la república mexicana, también es investigada por el supuesto tráfico de migrantes de nacionalidad cubana, tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses.
Así lo da a conocer este lunes el periódico Milenio, basado en un informe de inteligencia al que tuvo acceso. El reporte señala que la organización delictiva liderada presumiblemente por el ciudadano rumano Florian Tudor “El Triburón”, también pudo incurrir en el tráfico de migrantes indocumentados y “lo habría hecho de la mano de varios políticos de Quintana Roo, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya les congeló sus cuentas bancarias”.
De acuerdo con el reporte de la periodista Janet Jiménez Ponce, varios funcionarios públicos y políticos ayudaron a esta banda no solo a clonar y ‘hackear’ tarjetas bancarias y cajeros automáticos, sino también “al tráfico de personas en su mayoría con fines de explotación sexual y a la extorsión a comerciantes, de acuerdo a las indagatorias del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés)”.
En torno al tráfico de personas, el diario señala como personaje clave a José Luis Jonathan Yong Mendoza, exsecretario de seguridad pública de Cancún y aspirante a diputado local por el Partido del Trabajo y Morena. También menciona a su padre José Luis Yong Cruz.
Igualmente señala a Francisco Evadio Garibay Osorio, exdirector del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública durante el gobierno de Félix González Cantú, así como a su hijo Iván Eliud Garibay Pulido, quien ocupó la dirección jurídica del gobierno estatal en la zona norte en la administración de Roberto Borge.
El rotativo ubica al empresario cubano Luis Manuel Álvarez Adán -apodado justamente como “El Cubano”- como la persona que habría acusado a los Garibay de recaudar cuotas para organizaciones criminales así como de efectuar el tráfico de personas desde Cuba “con ayuda del entonces gobernador Roberto Borge”. Álvarez murió ahorcado en 2018 en su celda de la cárcel de Cancún, luego de haber sido detenido por cargos de extorsión a empresarios cancunenses.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aseguró el viernes pasado a la periodista Elisa Alanís de Milenio Televisión, que una red de políticos dio “cobijo y protección” a la ‘Banda de la Riviera Maya’. También señaló que la unidad ya identificó a seis personas relacionadas con las funciones públicas que brindaron dicha protección.
El funcionario indicó que hasta el momento se han congelado las cuentas de 72 personas físicas y morales que operaban “en beneficio” de este grupo, por un monto superior a los 500 millones de pesos.
Investigan a empresarios de Quintana Roo
Empresarios y personajes de la política en Quintana Roo también son investigados por supuestos vínculos con la llamada ‘Banda de la Riviera Maya’.
Entre los nombres se encuentran el contador José Antonio de Anda Turati, relacionado con el fraude de Oceanografía y Ricardo Antonio Vega Serrador, empresario gasolinero a quien investiga la Fiscalía General de la República (FGR) “desde 2014 por presunto lavado de dinero”, de acuerdo con el diario Crónica. También mencionan que desde el pasado 4 de febrero las autoridades realizaron el bloqueo de sus cuentas.
El rotativo señala que Vega Serrador es dueño de empresas inmobiliarias “vinculadas con la compra de predios en Quintana Roo a precios de ganga, durante el gobierno de Roberto Borge y ahora, como nuevo capítulo de la trama, aparecen detrás de él notables fiscalistas que habrían armado el esquemas para el manejo de fondos”.
Además, como poseedor de una colección de automóviles señalado por supuestos vínculos con esta mafia, “no negó que ha tenido trato comercial con ellos, pero indicó que sólo hubo alguna venta en la que ni siquiera conoció a los compradores”. Este tipo de operaciones, destaca el periódico, “forman parte de la fachada fiscal cuidadosamente armada por personajes con conocimientos contables notables para ‘blanquear’ los recursos de los rumanos”.
Los periodistas Rafael Martínez y Arturo Ramos señalan que son investigados varios despachos privados encargados de administrar bienes y empresas intervenidas por fraude.
De José Antonio de Anda, señalan que fue la persona que tomó el control de Oceanografía y lo ubican como la “pieza clave en el entramado de esquemas fachada con las que el presunto delincuente Vega Serrador hace pasar por legales negocios turbios”.
El diario asegura que algunos locales de ocio nocturno son utilizados en esquemas con flujos opacos de dinero, debido a su constante liquidez, por lo que las autoridades indagan si existe lavado de dinero.
