Durante el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó a las Fuerzas Armadas diversas tareas, desde la seguridad pública incluso la construcción de grandes proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, ¿fue esta decisión realmente efectiva o simplemente una forma de eludir la transparencia y la rendición de cuentas?
Durante años, se ha debatido sobre la eficacia de las Fuerzas Armadas en tareas que no son propias de su función, como la seguridad pública. Sin embargo, en el sexenio anterior, el presidente López Obrador decidió darles aún más responsabilidades, incluyendo la distribución de vacunas contra el covid-19 y el combate al robo de combustibles a Pemex. Pero, ¿qué tan eficientes fueron realmente en estas tareas?
Las cifras de endeudamiento reciente y el sobrecosto en proyectos estratégicos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, dejaron en claro que la promesa de austeridad y eficiencia no se cumplió. Y lo que es aún más preocupante, es que la promesa de honradez tampoco fue una realidad. El presidente prometió acabar con la corrupción, pero actualidad parece que la barredora solo operó de forma selectiva.
Recientemente, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han emprendido acciones en contra de algunos escándalos de corrupción muy visibles, como el relacionado con el grupo criminal La Barredora en Tabasco, que involucra a altos funcionarios del gobierno anterior. También se ha investigado el contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, en el que se ha visto involucrada la Marina y una lista cada vez más larga de funcionarios públicos.
Estas acciones han generado dudas sobre la verdadera intención detrás de ellas. ¿Fueron decisiones tomadas por la presidenta Sheinbaum de forma autónoma o solo responden a la presión del gobierno de Estados Unidos? Es posible que sea una combinación de ambas, ya que el presidente López Obrador heredó a la presidenta una agenda legislativa y un grupo de operadores políticos que podrían haber influido en estas decisiones.
La presidenta Sheinbaum fue elegida por el presidente López Obrador para ser su sucesora, pero también heredó una agenda legislativa (el plan C) y un grupo de operadores políticos en puestos clave. Es difícil saber si la presidenta impulsó esta agenda porque realmente creía en ella o simplemente no tuvo forma de eludirla sin enfadar a su antecesor. Lo cierto es que el plan C reforzó la agenda de la militarización y desmanteló instituciones autónomas que podrían haber facilitado la rendición de cuentas y la vigilancia del gobierno.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República sigue sin ser reformada, a pesar de los escándalos de corrupción que han salido a la luz. Y ahora, es responsabilidad del fiscal designado por el presidente anterior investigar estos casos. ¿Podemos confiar en que se llevarán a cabo investigaciones justas y exhaustivas?
Es importante recordar que, en un sistema en el que el poder está altamente concentrado y las instituciones autónomas han sido desmanteladas, no hay garantías de que la corrupción no vuelva a repetirse. La presidenta Sheinbaum ha demostrado su voluntad de combatir estos casos de corrupción, pero ¿qué sucederá en el futuro?
Es perentorio anexar exigiendo transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno. No podemos permitir que la corrupción siga siendo una práctica común en nuestro país. Es responsabilidad de todos los ciudadanos estar atentos y exigir que se investiguen y se sancionen los casos de corrupción
