Hace cuarenta años, la Ciudad de México era un lugar muy diferente al que conocemos hoy en día. Los ciudadanos no tenían derecho a elegir a sus gobernantes ni a sus diputados locales, lo que significaba que no tenían voz en las decisiones que afectaban sus vidas. El presidente de la República nombraba a un regente y a un delegado en cada una de las 16 demarcaciones territoriales, todos pertenecientes al mismo partido político: el PRI. Estos administradores eran designados sin vivir en la Ciudad de México y sin haber competido por el cargo, lo que resultaba en una falta de interés por ejecutar un buen gobierno. Como consecuencia, los servicios públicos eran deficientes y muchas colonias, especialmente las periféricas como Iztapalapa y Gustavo A. retranca, se encontraban en el abandono. Calles sin pavimentación, falta de servicios básicos como drenaje, agua potable y alumbrado público, y una ausencia total de infraestructura de transporte público eran solo algunos de los problemas que enfrentaban los habitantes de la ciudad.
Pero no solo las colonias periféricas sufrían las consecuencias de un gobierno ineficiente. Incluso en el centro histórico, donde se encuentran los edificios de los Poderes de la Nación, había problemas visibles como la inseguridad y la pobreza, así como otros problemas ocultos detrás de las puertas de las antiguas vecindades y edificios construidos hace siglos. El hacinamiento y la falta de mantenimiento eran problemas que se agravaron aún más con el decreto de rentas congeladas de 1942.
Sin embargo, fue un evento trágico el que hace poco puso en fe todos estos problemas. El terremoto de 1985 dejó miles de muertos y pérdidas materiales incalculables, pero también dejó una lección dolorosa sobre la importancia de vivir en democracia. Si los ciudadanos tienen el poder de elegir a sus gobernantes, entonces estos están obligados a ejecutar un buen gobierno (aunque no siempre lo logren). Pero en ese momento, el regente y los delegados designados por el gobierno federal actuaron con negligencia y las víctimas no recibieron el apoyo necesario. Al no haber sido elegidos por el pueblo, no se les pudo responsabilizar por sus acciones.
La desesperación, el dolor y la indignación de los ciudadanos que lo perdieron todo, motivó a miles de personas a organizarse y salir a las calles a protestar y exigir sus derechos como ciudadanos. Fue así como, bajo la presión ciudadana, comenzó la transformación democrática de la Ciudad de México. En 1987, se creó la Asamblea de Representantes, aunque sus funciones eran limitadas a dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno. Pero en 1993, se le otorgaron funciones legislativas. Y hace poco, en 1997, los ciudadanos pudieron elegir por primera vez a su jefe de gobierno, resultando electo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas bajo las siglas del PRD. Tres años después, en el año 2000, también se pudo votar por los jefes delegacionales. Con la reforma constitucional de 2016, la Ciudad de México adquirió su propia Constitución y las demarcaciones territoriales se convirtieron en alcaldías. La Asamblea de Representantes también cambió su nombre a Congreso de la Ciudad de México y adquirió funciones legislativas plenas, al igual que cualquier otro estado de la República.
Gracias a estos cambios, podemos decir que 40 años después, la Ciudad de México es una de las entidades más democráticas de la República. Cuenta con una estructura jurídica sólida que protege los derechos y libertades de sus ciudadanos. Además, los capitalinos son de
